El Gobierno de Santa Fe inició este viernes un nuevo proceso de compactación de vehículos depositados en el corralón comunal de Oliveros y en dependencias policiales de todo el departamento Iriondo, en el marco de las políticas provinciales destinadas a ordenar y reducir la acumulación de rodados bajo custodia del Estado.
Los trabajos se desarrollan en el Corralón Comunal de Oliveros, ubicado en la intersección de avenida Santa Fe y General Roca, y abarcan también vehículos retirados de comisarías y depósitos de las 12 localidades del departamento.
Las tareas son ejecutadas por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
El secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó que el operativo se realizó en coordinación con el senador provincial Hugo Rasetto y permitió retirar vehículos y motocicletas de todas las localidades del departamento.
“En un trabajo coordinado con el senador provincial Hugo Rasetto retiramos vehículos y motocicletas de las comisarías y corralones de las 12 localidades del departamento Iriondo. Es decir, de la totalidad de las localidades del departamento”, señaló el funcionario.
Figueroa Escauriza remarcó que el operativo permitió mejorar las condiciones de los espacios públicos y de las dependencias policiales. “De esta manera quedaron ordenadas y limpias todas las comisarías, algo que históricamente representaba un problema para los vecinos. El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió desde el primer día de gestión que ordenemos el Estado y las dependencias que están bajo nuestra órbita”, afirmó.
50 compactaciones
El funcionario explicó además que se trata de la compactación número 50 realizada desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y precisó que en este operativo se procesarán más de 600 vehículos provenientes del departamento Iriondo.
“Vamos a continuar con este proceso. Los vehículos que estén en condiciones serán subastados a través de la Aprad; los que no puedan recuperarse se compactarán; y aquellos que puedan reutilizarse se asignarán a distintos ministerios del Gobierno provincial para tareas operativas, ya sea en seguridad, salud o desarrollo social”, indicó.
El objetivo de esta política pública es reducir la cantidad de vehículos acumulados en depósitos judiciales y dependencias estatales. Para ello se realiza previamente un relevamiento técnico que permite determinar el estado de cada rodado y definir su destino final.
De acuerdo con ese análisis, los vehículos pueden ser compactados, subastados, reparados o donados a instituciones educativas. En algunos casos, además, se desguazan para reutilizar piezas que permitan reacondicionar móviles destinados a tareas de seguridad, salud o asistencia social.
